Ficha de partido
Se Acabó La Fiesta
Programa: Contrato electoral simplificado. Generales 2026 (40 páginas), presentado el 10 de noviembre de 2026. Informe de evaluación de 76 páginas con 121 propuestas analizadas. Corte de información: 18 de noviembre de 2026.
Leer el informe completo (PDF)Conclusiones del informe
Un programa concreto, con condiciones que cambian su alcance
El contrato reúne 119 medidas, diez bloques y metas para 2027-2030. Este informe conserva cada medida por separado, además de la estructura de gobierno y la cláusula de penalización. Las promesas cuantificadas permiten seguimiento; los diagnósticos, ahorros y efectos del partido requieren verificación independiente. [1, 2]
La financiación depende especialmente del ahorro territorial
El cuadro declara 88.500 M€ de fuentes y 81.700 M€ de rebajas y nuevo gasto anual en 2030. Los 57.000 M€ atribuidos a duplicidades autonómicas representan el 64,4% de las fuentes. Falta una conciliación reproducible entre administraciones, años y compromisos; la viabilidad fiscal del conjunto queda no estimable. [2, 42, 43]
La regla fiscal condiciona las fechas de las rebajas
El programa supedita su entrada en vigor a ahorro estructural certificado por AIReF. Esta condición puede proteger el presupuesto y, a la vez, retrasar o reducir medidas si no se acredita el ahorro. No debe presentarse el calendario de mínimos del IRPF como incondicional ni la mención de AIReF como una validación ya emitida. [2, 42]
Hay rutas distintas dentro de la agenda institucional
Cambiar ministerios, publicar información o reforzar equipos tiene instrumentos ordinarios. Eliminar Senado o Tribunal Constitucional, blindar determinadas reglas y alterar obligaciones europeas exige procedimientos adicionales. Una mayoría para gobernar no resuelve automáticamente estos requisitos. [2, 19, 41]
La cláusula personal evalúa votos
El documento compara las medidas con la actividad de voto de Alvise en junio de 2030. Esa correspondencia no acredita aprobación parlamentaria ni ejecución. Faltan vehículo de depósito, árbitro y reglas sobre abstenciones, textos transaccionales o asuntos no votados. [2, 29, 30]
Apoyo formal y acuerdos políticos deben leerse con precisión
El programa publicado acredita la posición oficial; no se ha localizado apoyo cuantificado por medida. La retirada del Senado y afinidades con PP/Vox no acreditan un pacto estatal. También hay coincidencias parciales con otras formaciones sobre instrumentos concretos, sin convertirlas en una coalición. [88, 91, 99, 108, 109]
Escenarios de gobierno que usa el informe
- A · Gobierno con mayoría
- SALF dirige un gobierno con votos suficientes para leyes ordinarias y orgánicas. No se presumen mayorías constitucionales, consentimiento autonómico, decisiones judiciales ni cambios de la UE.
- B · Negociación con PP/Vox
- Hipótesis de acuerdo con PP/Vox y votos suficientes. Se estima aceptación de la versión sustancialmente íntegra de SALF. No presupone coalición, resultado electoral ni apoyo de PNV u otros partidos.
- C · Oposición
- Capacidad de obtener aprobación o realizar el acto prometido sin pacto estable de gobierno. Puede haber votaciones puntuales; no se atribuye control del Ejecutivo.
- E · Entrega
- Ejecución una vez aprobada válidamente y financiada de forma suficiente. Se juzgan capacidad, calendario, coordinación y dependencias residuales. No es probabilidad conjunta de llegar al poder, aprobar, financiar y ejecutar.
Temas prioritarios según el informe
- Fiscalidad y cuentas públicas
- Empleo y relaciones laborales
- Pensiones y envejecimiento
- Vivienda y urbanismo
- Sanidad
- Educación, universidad y ciencia
- Inmigración y asilo
- Seguridad y justicia
- Instituciones y calidad democrática
- Modelo territorial y financiación
- Unión Europea, exterior y defensa
Cercanía con otros partidos en el test
- Vox85
- PP78
- PSOE40
- Frente Amplio22
- Podemos17
Calculada con las preguntas del test en las que ambos tienen posición documentada.
Posición en las preguntas del test
28 de 39 con posición documentada
- «Hay que bajar el IRPF a la mayoría de los contribuyentes.»Lo propone (confianza alta)
- «Hay que reducir con fuerza los trámites y normas que deben cumplir las empresas, aunque haya menos controles previos.»Lo propone (confianza alta)
- «Las personas con patrimonios muy grandes deberían pagar un impuesto anual específico sobre su riqueza.»Propone lo contrario (confianza alta)
- «Hay que reducir el gasto público y el tamaño de la Administración, aunque eso suponga suprimir organismos y puestos.»Lo propone (confianza alta)
- «El impuesto de sociedades debería mantenerse o subir.»Propone lo contrario (confianza alta)
- «Despedir a un trabajador debería ser más caro o más difícil para las empresas.»En contra con matices (confianza media)
- «La edad ordinaria de jubilación debería bajar a los 65 años o menos.»Posición intermedia (confianza media)
- «La mejor forma de abaratar la vivienda es liberar suelo, agilizar licencias y bajar impuestos, más que intervenir el mercado.»Lo propone (confianza alta)
- «Habría que prohibir o limitar mucho los pisos turísticos en las zonas con escasez de vivienda.»Propone lo contrario (confianza alta)
- «La policía debería poder desalojar una vivienda ocupada ilegalmente en un plazo máximo de 48 horas.»Lo propone (confianza alta)
- «La sanidad pública debería dejar de pagar a centros privados para atender a sus pacientes.»Propone lo contrario (confianza alta)
- «Los inmigrantes en situación irregular deberían tener acceso a la sanidad pública igual que el resto de residentes.»Propone lo contrario (confianza alta)
- «El dinero público para educación debería ir solo a la escuela pública, reduciendo los conciertos con colegios privados.»Propone lo contrario (confianza alta)
- «La ley educativa actual (LOMLOE) debería sustituirse por otra con más exámenes externos y más exigencia para pasar de curso.»Lo propone (confianza media)
- «Las personas con nacionalidad española deberían tener prioridad sobre los extranjeros residentes en la vivienda pública y las ayudas sociales.»A favor con matices (confianza alta)
- «Las ayudas como el Ingreso Mínimo Vital deberían mantenerse aunque quien las recibe rechace ofertas de empleo adecuadas.»Propone lo contrario (confianza alta)
- «Debería aprobarse una regularización extraordinaria de los inmigrantes que ya viven y trabajan en España.»Propone lo contrario (confianza alta)
- «Los inmigrantes en situación irregular deberían ser expulsados de forma sistemática.»Lo propone (confianza alta)
- «Los requisitos para obtener la nacionalidad española no deberían endurecerse.»Propone lo contrario (confianza alta)
- «El Estado debería asumir una parte importante de la deuda de las comunidades autónomas.»Propone lo contrario (confianza alta)
- «Los jueces deberían elegir a la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.»A favor con matices (confianza media)
- «Habría que suprimir el Senado, aunque haga falta reformar la Constitución.»Lo propone (confianza alta)
- «El Estado debería recuperar competencias que hoy tienen las comunidades autónomas, como la educación o la sanidad.»A favor con matices (confianza media)
- «España debería frenar o revertir las normas climáticas del Pacto Verde Europeo.»Lo propone (confianza alta)
- «Habría que bajar los impuestos a la electricidad y los carburantes.»A favor con matices (confianza alta)
- «España debería oponerse al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur.»Lo propone (confianza alta)
- «España debería aumentar el gasto en defensa hasta los objetivos de la OTAN.»Posición intermedia (confianza media)
- «La Unión Europea tiene demasiado poder y España debería recuperar competencias.»Lo propone (confianza alta)
Las 121 propuestas del informe
Propuestas por ámbito
A, B y C: probabilidad cualitativa de aprobación en cada escenario. E: entrega una vez aprobada y financiada. Son juicios del informe, no probabilidades.
1. Economía, productividad y empresas 2 propuestas
VIII.6 · p. 8
Simplificación normativa y unidad de mercado
Derogar dos regulaciones empresariales por cada nueva que se apruebe y asegurar validez en todo el país de lo autorizado en una comunidad autónoma. El programa plantea ambas reglas para reducir cargas y fragmentación de la actividad económica.
Condición: Contar normas no mide por sí solo coste regulatorio: una disposición breve puede imponer más carga que dos eliminadas. Ya existe legislación de unidad de mercado, cuya aplicación debe respetar competencias y protección equivalente. El reconocimiento automático de todo acto territorial necesita delimitar sectores y controles. Una simplificación útil exige medir tiempo, coste y riesgo antes y después; retirar normas indiscriminadamente puede perder protecciones sin mejorar productividad. [41, 118]
A MediaB MediaC BajaE Media
III.13 · p. 8
Uso de efectivo sin límite
Proteger constitucionalmente pagos y cobros en efectivo sin límite, eliminar el tope nacional de 1.000 euros, impedir el límite europeo y exigir aceptación con sanciones.
Condición: Hay dos rutas distintas: la norma española y el reglamento europeo ya aprobado, cuyo límite general de 10.000 euros será aplicable en 2027 con excepciones. España no puede anularlo mediante veto unilateral. La protección constitucional tampoco desplaza por sí sola obligaciones europeas. Deben separarse disponibilidad del efectivo, límites a ciertas operaciones y prevención del blanqueo; el diseño literal requiere cambios que exceden la mayoría nacional. [41, 68]
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2. Fiscalidad y cuentas públicas 11 propuestas
III.1 · p. 9
Mínimo exento de IRPF
Elevar el mínimo anunciado a 15.000 euros en 2027, 22.000 en 2028, 28.000 en 2029 y 35.000 en 2030, con una reducción gradual hasta ingresos de 50.000 euros.
Condición: La ruta tributaria existe, pero el diseño no precisa si introduce exención, reducción o mínimo personal, ni la retirada del beneficio entre 35.000 y 50.000 euros. El mínimo personal vigente no es un umbral universal de salario gravado. Faltan simulación por hogares y tramos, interacción autonómica y recaudación anual. La regla de ahorro certificado condiciona el calendario; no puede prometerse una ganancia individual universal con los datos publicados. [42, 45, 46]
A MediaB MediaC BajaE NE
III.3 · p. 9
Actualización del IRPF por inflación
Actualizar automáticamente tarifas, mínimos y deducciones con el IPC cada año.
Condición: Es técnicamente articulable; requiere definir índice, período, redondeo y respuesta a inflación negativa, además de coordinar la parte autonómica. Puede reducir progresividad en frío, sin asegurar el mismo ahorro a todos los contribuyentes. La cifra depende de inflación, salarios y reforma de mínimos. No debe contarse de forma independiente si la estimación general del IRPF ya incorpora deflactación. [45, 46]
A AltaB AltaC MediaE Alta
III.5 · p. 9
Tipos de Sociedades y reinversión
Bajar el tipo general al 20% en dos años, aplicar 15% al beneficio reinvertido y 10% los tres primeros años de nuevas empresas.
Condición: La reducción general tiene cauce legislativo, pero los tipos efectivos dependen de bases, deducciones y regímenes ya existentes. Precisar reinversión, empresas nuevas, actividades elegibles y prevención de fragmentación. Para grandes grupos sujetos al impuesto mínimo global, un 10% nominal puede generar tributación complementaria; no equivale siempre a pagar 10% total. La regla fiscal común exige ahorro previo y estimación de respuesta de inversión. [42, 74, 75]
A MediaB MediaC BajaE Media
III.6 · p. 9
Tributación de herencias y patrimonio
Suprimir Sucesiones, Donaciones, Patrimonio y el impuesto sobre grandes fortunas.
Condición: La modificación es legislativamente posible, pero afecta tributos cedidos y regímenes diferenciados. Debe calcularse la pérdida efectiva por comunidad, descontando bonificaciones y deducciones entre impuestos; no corresponde sumar recaudaciones brutas incompatibles. La distribución de beneficios depende de patrimonio y territorio. El acuerdo sobre reducir tributación no demuestra apoyo a eliminar todas las figuras ni resuelve cómo financiar los servicios asociados. [41, 46]
A AltaB MediaC BajaE Alta
III.8 · p. 10
Ahorro certificado y déficit cero
Condicionar cada rebaja a ahorro estructural certificado por AIReF, fijar un techo de gasto real y alcanzar déficit cero en 2030.
Condición: La condición puede ordenar la secuencia y limitar riesgos, pero necesita un mandato legal, metodología de certificación y calendario. El programa no aporta una certificación de los ahorros. Los efectos dinámicos y cobros bancarios no son, por naturaleza, ahorro estructural de gasto. El excedente del paquete no elimina automáticamente el déficit de partida. Distinguir aprobar la regla, activar rebajas y lograr el saldo presupuestario. [42, 43, 44]
A MediaB MediaC MediaE Baja
III.9 · p. 10
Procedimientos tributarios e inspección
Declaración simplificada, liquidación en treinta días, prueba a cargo de la Administración, intereses simétricos y dedicar la mitad de inspectores a políticos, cargos y empresas subvencionadas.
Condición: Simplificar trámites y reforzar garantías tiene cauce normativo; debe distinguirse prueba de hechos constitutivos de obligaciones y justificación de beneficios fiscales. La reserva del 50% de inspectores exige valorar cobertura y riesgo de fraude en el resto de contribuyentes. Faltan plantilla, productividad y definición de empresa indirectamente subvencionada. Un plazo breve requiere interoperabilidad y procedimientos de rectificación sin reducir controles necesarios. [33, 41, 45]
A MediaB MediaC BajaE Media
III.10 · p. 10
Mayoría reforzada para subir impuestos
Reformar la Constitución para exigir tres quintos del Congreso a toda subida tributaria y enviar anualmente una cuenta individual de impuestos y destinos del gasto.
Condición: Una mayoría ordinaria no basta para introducir la exigencia constitucional. Debe definirse qué cuenta como subida, incluidos bases, deducciones y tributos territoriales. La información fiscal individual puede avanzar por separado, con reglas de imputación del gasto: no existe una correspondencia directa entre cada euro individual y un servicio concreto. La nota de aprobación se refiere al paquete completo, incluido su blindaje. [33, 41]
A BajaB BajaC BajaE Media
III.12 · p. 10
Límites constitucionales a impuestos y deuda
Fijar techos constitucionales de presión fiscal y deuda, sanciones penales por vulnerarlos y un umbral de confiscatoriedad invocable individualmente.
Condición: Requiere reforma constitucional y definición precisa de límites, bases, excepciones, responsables y conducta sancionable. La presión fiscal agregada y la carga individual son magnitudes distintas. Recesión, emergencias e intereses pueden elevar ratios sin una subida discrecional de impuestos. El programa no fija umbrales; no es estimable su funcionamiento ni su compatibilidad conjunta con pensiones blindadas, nuevos servicios y déficit cero. [41, 44]
A BajaB BajaC BajaE NE
III.14 · p. 11
Cobro a entidades por el rescate bancario
Cobrar a entidades herederas de cajas 4.700 M€ anuales quince años, con tope del 40% del beneficio y exceso aplazado con interés. No deducible, obligación transmisible al comprador y multa triple por repercutirla al cliente.
Condición: Debe definirse la figura jurídica: no toda ayuda pública pasada es una deuda exigible al comprador actual. Un gravamen requiere base, reparto, transición y control de igualdad y seguridad jurídica. El límite ligado a beneficios hace variable el cobro efectivo y puede extenderlo más de quince años; 4.700 por quince suma 70.500 millones. Prohibir repercusión explícita no elimina toda incidencia indirecta en crédito, precios o capital. [33, 41]
A MediaB BajaC BajaE Media
I.6 · p. 11
SOCIMI y contratación con fondos
Gravar al 25% las SOCIMI con más de cien viviendas en alquiler y terminar la contratación estatal con los fondos a los que se refiere el programa.
Condición: Es una reforma del tratamiento fiscal y de contratación, no una prohibición general de compras residenciales. Deben concretarse cómputo de viviendas, grupos, transición y sujetos excluidos; una exclusión indiscriminada de licitaciones plantea problemas de igualdad y proporcionalidad. Evaluar recaudación neta, reorganización societaria y efecto sobre la oferta. La afinidad con otros partidos en revisar SOCIMI no garantiza acuerdo sobre el umbral o el tipo. [22, 73]
A MediaB BajaC BajaE Media
I.10 · p. 11
Supresión del IBI
Eliminar el IBI para todos, sin compensación estatal ni otros impuestos; los ayuntamientos absorberían la pérdida mediante ahorro.
Condición: Modificar el tributo tiene vía legal; mantener todos los servicios sin sustitución de ingresos exige demostrar ahorros locales, distribuidos municipio por municipio. La autonomía y suficiencia financiera local limitan el diseño. No basta un ahorro autonómico o estatal para cubrir automáticamente la caja municipal. Evaluar transición, deuda y servicios afectados. La valoración del paquete incluye la condición de ausencia de compensación, no solo aprobar un tipo cero. La entrega fiscal, una vez financiada y aprobada, tiene baja complejidad administrativa. [41, 47]
A MediaB BajaC BajaE Alta
3. Empleo y relaciones laborales 10 propuestas
III.4 · p. 12
Eliminación de cuota de autónomos
Suprimir permanentemente toda cuota obligatoria de autónomos y aplicar IVA de caja para no anticipar el impuesto antes del cobro.
Condición: La supresión puede aliviar pagos iniciales, pero exige determinar financiación y derechos a jubilación, bajas y otras prestaciones. V.9 mantiene elección de base y cotización para una pensión mayor: no se aclara qué es voluntario ni qué protección conserva quien no aporte. El IVA de caja ya tiene un régimen especial; ampliar su alcance exige definir requisitos y compatibilidad europea. Se valora como paquete todavía incompleto. [48, 50, 53]
A MediaB MediaC BajaE NE
VIII.3 · p. 12
Cotizaciones, IVA y apertura para autónomos
Establecer cuota de autónomos cero de forma permanente, aplicar IVA de caja y concentrar trámites en una ventanilla. Permitir licencia de actividad en veinticuatro horas mediante declaración responsable, como parte de una simplificación de la apertura de negocios.
Condición: El IVA de caja ya existe con límites y condiciones; hace falta saber si se amplía, simplifica o convierte en general. La cuota cero exige aclarar derechos contributivos y su relación con la base voluntaria de V.9. Una declaración responsable agiliza actividades compatibles, pero no elimina controles ambientales o de seguridad exigibles. El efecto sobre nuevas empresas depende también de demanda y supervivencia; abrir un expediente no equivale a crear empleo sostenible. [41, 50, 53, 118, 119]
A MediaB MediaC BajaE NE
V.9 · p. 12
Elección de cotización de autónomos
Permitir elegir libremente la base de cotización y aportar más para obtener una pensión mayor, sin tramos obligatorios por ingresos.
Condición: El compromiso debe reconciliarse con cuota cero permanente de III.4 y VIII.3. Es posible diseñar una contribución voluntaria complementaria, pero el programa no dice que esa sea su fórmula ni concreta protección básica, mínimos o selección de riesgos. Tampoco explica derechos adquiridos ni base de otras prestaciones. Hasta delimitar la relación entre cotización elegida y eliminación de cuotas, la ejecución de la versión íntegra es no estimable. [50, 53]
A MediaB MediaC BajaE NE
VIII.1 · p. 12
Reducción de la cuña fiscal del trabajo
Reducir la cuña fiscal del 41% al 29% mediante el mínimo exento de 35.000 euros, actualización por inflación, traslado del 0,9% a cuentas individuales y eliminación de cotización del trabajador con salario mínimo. Anuncia unos ochenta euros netos mensuales adicionales para este último.
Condición: El indicador depende de salario, familia y definición, por lo que doce puntos no representan una ganancia idéntica para cada trabajador. Desviar cotizaciones a ahorro individual tampoco equivale por sí solo a reducir el coste laboral. Las rebajas pueden aumentar renta disponible, pero necesitan financiación del sistema de reparto y conciliación con otras medidas. Deben publicarse simulaciones por hogar y evitar volver a contabilizar mínimos y deflactación ya incluidos en impuestos. [44, 45, 50, 53]
A MediaB MediaC BajaE Media
V.4 · p. 13
Cuenta portable de indemnización
Aportación empresarial del 1,53% del salario desde el primer día a una cuenta portable, utilizable al cambiar de empleo y al jubilarse si no se ha usado.
Condición: El precedente austriaco acredita que existe un instrumento operativo, no el resultado de su adaptación española. Se debe precisar uso, relación con indemnización creciente de VIII.2, derechos acumulados y cobertura en empleos breves. La aportación genera un coste mientras se financian obligaciones anteriores, salvo compensación explícita. La evidencia disponible no permite asumir grandes aumentos de movilidad o productividad por el mero cambio de sistema. [10, 11, 51, 52]
A MediaB MediaC BajaE Media
VIII.2 · p. 13
Contrato indefinido y cuenta de indemnización
Sustituir modalidades por un contrato indefinido único con indemnización creciente entre doce y treinta y tres días. Añadir una cuenta portable financiada con el 1,53% empresarial, vinculada a la mochila anunciada también en pensiones, para facilitar cambios de empleo.
Condición: La cuenta austriaca ofrece un precedente operativo, pero no demuestra que una adaptación española elimine dualidad o eleve movilidad de igual manera. Deben preservarse causa de despido, reparación adecuada y derechos acumulados. El programa presenta la aportación como adicional a la indemnización. Falta precisar si, al extinguirse el contrato, el saldo acumulado se descuenta del pago empresarial, qué obligación residual mantiene la empresa y cómo se financia la transición. [10, 11, 51, 52]
A MediaB MediaC BajaE Media
VIII.4 · p. 13
Altas médicas y revisión de incapacidad temporal
Atribuir a las mutuas altas en contingencias comunes a los quince días y establecer revisión del INSS en setenta y dos horas. Presentar este cambio como mecanismo de control de bajas indebidas y mantener expresamente la protección de las personas enfermas.
Condición: Reorganizar competencias puede acelerar decisiones, pero requiere historia clínica, profesionales, revisión efectiva y protección durante la controversia. El plazo no permite equiparar una baja larga con fraude ni justificar alta sin evaluación médica. La evaluación de AIReF trata múltiples causas de incapacidad y problemas de gestión, no certifica el ahorro SALF. Deben medirse recaídas, salud, recursos estimados y duración ajustada por diagnóstico, además del gasto inmediato en prestaciones. [15, 53, 80]
A MediaB MediaC BajaE Media
VIII.7 · p. 14
Cobertura pública de bajas, salarios e indemnizaciones
Trasladar a la Seguridad Social el pago de bajas por enfermedad desde el primer día; garantizar indemnización mediante la mochila y salarios con un fondo público. Reforzar la persecución del falso trabajo autónomo, intentando proteger al trabajador sin aumentar su coste de contratación.
Condición: En enfermedad común, la regla general vigente inicia subsidio el cuarto día y asigna a la empresa los días cuatro a quince, no todos los primeros quince. FOGASA ya cubre ciertos impagos; hay que precisar la ampliación. Trasladar costes al presupuesto no los elimina. El ahorro de VIII.4 es de dos mil millones frente a tres mil de gasto aquí: esa única compensación dejaría mil millones sin cubrir, antes de otros efectos. [15, 51, 53, 80]
A AltaB MediaC MediaE Media
VIII.5 · p. 14
FP remunerada y bonificación de contratación
Ofrecer FP dual mediante contrato con salario del 50% del convenio, financiado por mitades entre empresa y Estado. Eliminar durante dos años las cotizaciones por contratar menores de treinta o mayores de cincuenta, como incentivo adicional de inserción laboral.
Condición: La FP dual y contratos formativos ya tienen regulación; la propuesta cambia salario, subsidio y bonificación. Deben relacionarse remuneración, horas efectivas, formación y mínimo legal para evitar sustituir empleo ordinario por plazas subvencionadas. El resultado depende de tutores, empresas participantes y competencias adquiridas. La bonificación amplia puede financiar contrataciones que ocurrirían igualmente; estimar empleo adicional exige comparación y seguimiento después de terminar los dos años de apoyo. [50, 51, 115, 117]
A MediaB MediaC BajaE Media
VIII.8 · p. 14
Estadísticas del trabajo fijo discontinuo
Contar como desempleadas a las personas con contrato fijo discontinuo cuando no estén trabajando y reconocerlas como ocupadas cuando tengan actividad. El programa aplica esta propuesta a una cifra anunciada de 640.900 inactivos, sin identificar en esta ficha la serie estadística que modificaría.
Condición: Paro registrado y desempleo de la EPA son indicadores diferentes. La metodología de encuesta considera actividad, disponibilidad y búsqueda, no solo una etiqueta contractual; reclasificar automáticamente a todos los inactivos puede incumplirla. Publicar un indicador complementario de discontinuidad sería factible y útil, pero no equivale a sustituir la serie armonizada. Sin precisar estadística, periodo y reglas, no es posible valorar una versión única de la promesa ni validar la cifra presentada. [16]
A NEB NEC NEE NE
4. Pensiones y envejecimiento 7 propuestas
V.1 · p. 15
Protección constitucional de las pensiones
Blindar en la Constitución la actualización con el IPC y la prohibición de recortes para las pensiones actuales.
Condición: La actualización legal por inflación ya existe; la novedad es su rango y protección adicional. Una mayoría ordinaria no reforma por sí sola la Constitución. Blindar una prestación no crea ingresos: debe conciliarse con retirada de cotizaciones, capitalización, techos fiscales y deuda. Definir qué significa recorte, incluidas tributación y complementos, es necesario para una garantía evaluable y para evitar litigios de interpretación. [41, 53, 55]
A BajaB BajaC BajaE Alta
V.2 · p. 15
Información anual de pensión y ahorro
Comunicar cada año la pensión estimada y el saldo de la cuenta individual.
Condición: Tiene una ruta administrativa identificable y puede mejorar planificación, si distingue estimación de derecho garantizado. Necesita supuestos de carrera laboral, salarios, inflación, legislación y rendimientos, además de lenguaje comprensible. No debe reemplazar intervalos de incertidumbre por una cifra presentada como pensión real futura. La información sobre la nueva cuenta depende de que se cree el sistema de V.3; los datos existentes pueden comunicarse antes. [53]
A AltaB MediaC BajaE Alta
V.10 · p. 15
Transparencia de cuentas de Seguridad Social
Publicar mensualmente cotizaciones y transferencias por separado y reconocer la deuda con un calendario de devolución.
Condición: La información puede mejorar comprensión si usa contabilidad consolidada y series comparables. Separar transferencias no permite inferir por sí solo desequilibrio contributivo, porque financian obligaciones de distinta naturaleza. Un calendario de devolución necesita fuente de fondos; mover recursos entre Estado y Seguridad Social no reduce la deuda consolidada con terceros. Debe diferenciarse la publicación de datos de la amortización efectiva prometida. [43, 53]
A AltaB MediaC MediaE Media
V.3 · p. 15
Capitalización obligatoria para menores de 45 años
Destinar el 2% del salario a una cuenta individual heredable, con comisión máxima del 0,3%, para menores de 45 años. El texto relaciona la propuesta con el 0,9% actual, sin detallar toda la composición de la aportación.
Condición: Hay que definir si la aportación es adicional o se detrae del reparto, quién la paga y cómo se cubren pensiones actuales. El MEI de 2026 suma 0,9%, dividido entre empresa y trabajador; no es todo una retención del empleado. La capitalización añade riesgo de mercado, longevidad y comisiones. Faltan reglas de inversión, pérdidas, rescate y garantía; no basta una cuenta heredable para acreditar sostenibilidad del sistema. [43, 50, 53]
A MediaB MediaC BajaE Media
V.5 · p. 16
Jubilación activa y carreras largas
Compatibilizar trabajo y el 100% de pensión sin recortes ni cotización extra y permitir jubilación sin penalización con cuarenta años cotizados.
Condición: La jubilación activa ya permite porcentajes crecientes y alcanzar el 100% con condiciones; la propuesta amplía acceso y elimina cargas. Cuantificar por edades, años cotizados y conducta de retiro, sin contar como nuevo todo el régimen vigente. La libertad de jubilarse con cuarenta años exige transición y puede anticipar pagos. El efecto sobre empleo y cotizaciones depende de quién prolonga actividad y quién se retira antes. [53, 54]
A AltaB MediaC MediaE Alta
V.6 · p. 16
Pensión mínima para carreras de 35 años
Garantizar al menos 1.000 euros mensuales en catorce pagas tras 35 años de cotización.
Condición: Debe compararse con mínimos vigentes por edad, convivencia y personas a cargo, y concretar requisitos de renta y residencia. No equivale a pagar 14.000 euros adicionales a cada beneficiario: el coste es la diferencia positiva respecto a su prestación y los complementos que sustituya. La vía normativa está definida, pero la estimación exige microdatos y coherencia con el blindaje del resto de pensiones. [53, 55]
A AltaB MediaC MediaE Alta
V.8 · p. 16
Gestión independiente del Fondo de Reserva
Convertir el Fondo de Reserva en un fondo soberano con gestión profesional independiente y mandato de rentabilidad. Impedir que el Gobierno disponga de él para cuadrar presupuestos.
Condición: La separación de gobierno y gestión puede reforzar reglas, pero necesita mandato, supervisión, política de riesgo y condiciones de disposición. Reservar recursos para inversión no elimina las necesidades de pago del sistema. Rentabilidad superior implica asumir riesgos o cambiar activos; no se trata como ingreso garantizado. La gobernanza debe conciliar rendición de cuentas, liquidez y el horizonte de las obligaciones previsionales. [41, 53]
A AltaB MediaC MediaE Media
5. Vivienda y urbanismo 8 propuestas
I.1 · p. 17
Primera vivienda y reducción de precio
Eliminar ITP y AJD en primera vivienda; IVA del 4% reintegrado en el IRPF, suelo público sin precio y licencias rápidas. Garantizar un precio al menos un 35% inferior.
Condición: La rebaja tributaria puede reducir el desembolso, pero su incidencia depende de la oferta y de los precios antes de impuestos. Faltan referencia de comparación y mecanismo de compensación para garantizar el 35%. Requiere coordinación fiscal, urbanística y encaje del IVA europeo. El coste del suelo cedido y la devolución a compradores sin cuota suficiente deben explicitarse. Aprobar beneficios no garantiza ese resultado en cada compra. [5, 6, 41, 47, 49]
A MediaB MediaC BajaE Baja
I.2 · p. 17
Neutralidad recaudatoria de la vivienda
Limitar al IPC el crecimiento de recaudación vinculada a vivienda, devolver el exceso mediante tipos menores y exigir declaración de inmuebles a quienes legislen sobre ella.
Condición: Debe definirse qué tributos, operaciones y administraciones integran la base: más transacciones pueden aumentar ingresos sin elevar tipos ni carga por vivienda. La reducción automática afectaría presupuestos distintos. Publicar intereses mejora transparencia, pero necesita un perímetro común y protección de datos. No se ha validado el diagnóstico recaudatorio del programa; la regla requiere una serie homogénea y mecanismos para años de caída. [33, 41, 47]
A MediaB MediaC BajaE Media
I.3 · p. 17
Desalojo y arrendamiento impagado
Desalojo policial en 48 horas con denuncia y título de propiedad; juicio y lanzamiento por impago en 30 días, con atención pública a personas vulnerables fuera de la vivienda afectada.
Condición: La ruta cambia entre allanamiento, usurpación y conflicto arrendaticio; un título no resuelve por sí solo el derecho de ocupación. Acelerar exige notificación, defensa, prueba y decisión judicial cuando proceda. La promesa íntegra y generalizada necesita reformar normas y dotar juzgados y alojamiento alternativo. Medir duración real y errores, además de expedientes resueltos; las garantías del domicilio y la tutela judicial siguen siendo determinantes. [23, 40, 41, 85]
A BajaB BajaC BajaE Baja
I.4 · p. 17
Suelo estatal y vivienda protegida en propiedad
Sacar a concurso en doce meses todo el suelo de Sareb y del Estado, cedido sin precio, para vivienda protegida en propiedad a precio tasado; 100.000 viviendas en obra en 2030.
Condición: Un inventario de suelo no equivale a parcelas edificables: importan titularidad, uso público, cargas, planeamiento, urbanización y servicios. Las licitaciones pueden iniciar oferta, pero requieren administraciones territoriales, constructoras y financiación. Evaluar viviendas iniciadas, terminadas y adjudicadas por separado; el hito prometido es estar en obra. La transmisión del suelo tiene coste de oportunidad y exige reglas de reventa para mantener la asequibilidad. [6, 21, 40]
A MediaB MediaC MediaE Media
I.5 · p. 18
Licencias y silencio administrativo
Resolver obras menores en un mes, mayores en dos y grandes desarrollos en tres; silencio positivo, compensación municipal por retraso y reformas sin declaración responsable.
Condición: La simplificación puede acortar demoras administrativas, pero necesita expedientes completos, personal y controles técnicos. El silencio no permite adquirir facultades contrarias al planeamiento ni sustituye autorizaciones ambientales exigibles. Deben distinguirse plazos de tramitación de los de urbanización. La compensación automática requiere causalidad y financiación municipal; suprimir declaraciones sin delimitar obras dejaría sin definir controles y responsabilidades. [21, 41]
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I.9 · p. 18
Construcción industrializada y alquiler turístico
Licencia en quince días para vivienda industrializada en suelo público o urbano consolidado, estándar técnico común, objetivo de 150.000 viviendas anuales en 2030 y registro turístico sin prohibiciones.
Condición: Industrializar puede reducir tiempos de fabricación, pero no elimina suelo urbanizado, permisos, financiación ni capacidad de instalación. El objetivo debe aclarar si mide toda la construcción o solo esta modalidad. Un estándar nacional necesita encaje competencial y técnico; un registro turístico no sustituye ordenación urbanística y control de uso. Se conserva el plazo específico de quince días, diferente de los plazos generales de I.5. [6, 21, 41]
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I.7 · p. 18
Aval de entrada para compradores jóvenes
Aval estatal del 20% de entrada en primera vivienda para menores de cuarenta años, con una garantía anunciada de 2.000 M€.
Condición: La garantía puede facilitar crédito, pero genera exposición contingente y posibles pérdidas; requiere límites de renta, precio, solvencia y reparto de riesgo con bancos. Debe compararse con avales públicos ya existentes y no sumarse como gasto íntegro al emitirla. El resumen habla de menores de 45 años y la ficha de menores de 40: el universo elegible queda pendiente de aclaración. [5, 81]
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I.8 · p. 18
Seguro público de impago de alquiler
Cubrir doce meses de renta y daños, recuperar después del deudor y reducir garantías privadas exigidas; prioridad para menores de 45 años y familias con hijos.
Condición: Puede reducir el riesgo que percibe el arrendador y facilitar acceso, condicionado a adhesión y diseño. Faltan prima, selección, franquicias, límite de daños, procedimiento de pago y recuperación. Garantizar rentas no asegura que todos los propietarios acepten solicitantes sin nóminas. El coste depende de contratos cubiertos y siniestralidad; conviene evaluar adicionalidad frente a seguros o avales ya disponibles y evitar seleccionar solo riesgos previsibles. [40]
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6. Sanidad 11 propuestas
VI.1 · p. 19
Compra sanitaria centralizada obligatoria
Establecer una central única con precios netos públicos y alcanzar un ahorro del 15%, destinado íntegramente a retribuciones y plazas.
Condición: Ya existen compras centralizadas con adhesión voluntaria; la novedad es obligatoriedad y extensión. Agrupar demanda puede mejorar negociación, pero el ahorro depende de producto, competencia, logística y alternativas clínicas. Evitar concentración de suministro y desabastecimiento. Los 6.000 millones no son una evaluación independiente y están reservados a personal: no pueden financiar de nuevo rebajas generales ni otras inversiones sin demostrar margen adicional. [14, 41, 57, 73]
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VI.2 · p. 19
Garantías de espera hospitalaria
Máximos de sesenta días para cirugía, treinta para especialista y siete para pruebas prioritarias; superado el plazo, elegir centro público o privado financiado por el SNS.
Condición: Hay un marco de garantías y competencias autonómicas; una cobertura universal requiere acuerdos, financiación, reglas de derivación y contratos. Pagar actividad privada no crea automáticamente capacidad si comparte los mismos especialistas. Deben definirse inicio del reloj, prioridad, complejidad y excepciones clínicas. Medir esperas por especialidad y percentiles, seguridad y gasto por proceso; reducir una media no acredita cumplir el máximo para cada paciente. [12, 41, 56, 58]
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VI.6 · p. 19
Atención primaria en 48 horas
Ofrecer cita médica en 48 horas o pagar una consulta privada; ampliar telemedicina, prescripción enfermera y personal administrativo.
Condición: Reorganizar tareas y aumentar apoyo puede liberar tiempo clínico, pero deben definirse demanda urgente, continuidad y tipo de consulta. La derivación privada depende de oferta local y no sustituye seguimiento longitudinal. La prescripción enfermera ya tiene marco regulatorio; concretar qué se amplía. Medir accesibilidad, calidad y resolución, además del plazo; la financiación debe cubrir demanda inducida y no solo consultas inicialmente previstas. [38, 41, 58]
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VI.3 · p. 19
Retribuciones y plazas sanitarias
Subir salarios de médicos un 20% y del resto de profesionales un 10% en cuatro años, añadir 30.000 euros de complemento rural y ofrecer contratos estables desde el primer día.
Condición: La retribución puede apoyar retención y cobertura, pero debe negociarse con servicios autonómicos y homogeneizar jornada, especialidad y complementos. El incentivo rural exige identificar plazas, permanencia y sustituciones. La financiación depende de ahorro recurrente verificado; quedan 500 millones nominales del ahorro anunciado de compras antes de otras plazas. Más remuneración no equivale por sí sola a más profesionales disponibles o menor espera. [14, 41, 58]
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VI.4 · p. 20
Interoperabilidad sanitaria
Tarjeta, historia clínica y receta válidas en todo el país. El cuerpo propone interoperabilidad y el indicador gráfico plantea pasar de diecisiete a un sistema informático.
Condición: Tarjeta, historia y receta interoperables ya existen en el SNS. El indicador 17 a 1 deja abierto si se pretende ampliar el intercambio o sustituir sistemas por una plataforma única, con costes y riesgos diferentes. El programa debe delimitar datos, alcance y arquitectura; no se toma una variante técnica como cumplimiento íntegro. Hacen falta identidad, permisos, trazabilidad, mantenimiento y métricas de utilidad clínica. La entrega queda NE hasta concretar el alcance. [13, 32]
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VI.5 · p. 20
Camas hospitalarias y UCI
Añadir 10.000 camas hospitalarias y 1.500 de UCI durante la legislatura.
Condición: Falta aclarar si las UCI están incluidas en las 10.000 camas o son adicionales. Construir o equipar espacios tiene una ruta conocida; abrirlos requiere personal continuo, consumibles, mantenimiento y financiación autonómica. El número de camas por habitante no determina por sí solo necesidad: importan distribución, estancias y atención ambulatoria. Evaluar camas operativas y capacidad por especialidad, distinguiéndolas de plazas físicas instaladas. [41, 58]
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VI.7 · p. 20
Cobertura sanitaria y facturación a terceros
Reservar tarjeta a españoles y residentes legales con cotización o cobertura, garantizar urgencias para todos y facturar al país o aseguradora responsable cuando corresponda.
Condición: La cobertura vigente, desarrollada también por el RD 180/2026, no depende exclusivamente de cotización. Restringir acceso exige reforma y respeto de obligaciones europeas y situaciones protegidas. Es distinto de recuperar costes a terceros obligados: la nacionalidad no identifica por sí sola quién debe pagar. Mejorar facturación requiere prueba de aseguramiento e intercambio de datos; no se presume ahorro neto de limitar asistencia ordinaria sin evaluar costes desplazados. [32, 35, 36, 41]
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VI.8 · p. 20
Compra de medicamentos y copago
Subasta nacional de genéricos y biosimilares, precios netos públicos y copago cero para pensiones mínimas y enfermos crónicos.
Condición: Definir categorías, productos y pacientes es necesario para estimar incremento frente a exenciones ya vigentes. Las compras agregadas pueden ahorrar si mantienen competencia y suministro; precio menor no basta si aumenta desabastecimiento. La supresión de copago afecta gasto y adherencia de forma diferente por patología y renta. Coordinar con VI.1 y no sumar dos veces ahorros de las mismas adquisiciones. [14, 39, 57]
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VI.9 · p. 21
Copago farmacéutico infantil
Eliminar el copago en farmacia para todos los menores de tres años en España.
Condición: La ampliación tiene vía legislativa y administrativa; requiere delimitar medicamentos financiados, dispensación, residencia y regímenes actuales. Gratuidad en el punto de uso no implica financiar cualquier producto farmacéutico. El coste incremental depende de población y exenciones existentes por otras condiciones. Su seguimiento debe medir acceso y gasto adicional, manteniendo prescripción adecuada y evitando atribuir como nuevo todo el gasto ya público. [39]
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VI.10 · p. 21
Psicología clínica en atención primaria
Disponer de un psicólogo clínico por cada 10.000 habitantes en centros de salud y prestar atención en un máximo de quince días.
Condición: El objetivo de plantilla es cuantificable, pero exige distinguir nuevos puestos, profesionales ya contratados y habilitación clínica. Formación, contratación y distribución rural condicionan el ritmo. El plazo necesita triage y modalidades de tratamiento; una primera cita breve no equivale a completar atención eficaz. Sin plantilla disponible, financiación por sí sola puede trasladar profesionales entre territorios. Medir tiempos, continuidad y resultados clínicos con datos protegidos. [32, 41, 58]
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VI.11 · p. 21
Gestión hospitalaria por mérito y transparencia
Seleccionar gerentes por concurso con mandato de cinco años y publicar cuentas, esperas y resultados hospitalarios en tiempo real.
Condición: La profesionalización tiene una ruta normativa, con competencias y reglas de responsabilidad que deben concretarse. El concurso debe evaluar capacidades y conflicto de intereses, no solo formalidades. Publicar resultados necesita ajuste por riesgo, auditoría, privacidad y actualización técnicamente realista; comparar hospitales sin composición de pacientes puede inducir selección o manipulación. El mandato fijo debe prever evaluación y cese justificado. [12, 32, 41]
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7. Educación, universidad y ciencia 10 propuestas
IX.1 · p. 22
Estabilidad y currículo educativo común
Aprobar una ley educativa para veinte años por dos tercios y exigir esa misma mayoría para modificarla. Fijar contenidos mínimos comunes al cien por cien, pruebas externas al terminar cada etapa y una selectividad única, en castellano, para todo el país.
Condición: Una mayoría política inicial no permite que una ley ordinaria u orgánica imponga por sí sola dos tercios a futuras legislaturas. El blindaje requiere encaje constitucional específico. El cien por cien de contenidos comunes debe aclarar qué margen autonómico permanece y cómo se respetan lenguas cooficiales. Evaluaciones comparables pueden facilitar diagnóstico, pero requieren currículo, adaptación y formación. La estabilidad durante veinte años excede el horizonte de cuatro utilizado para valorar entrega. [41, 79]
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IX.2 · p. 22
Enseñanza en castellano y Alta Inspección
Garantizar a las familias la exigibilidad de enseñanza en castellano en cualquier territorio y atribuir a la Alta Inspección estatal capacidad sancionadora. El compromiso busca obtener ese acceso por vía administrativa, sin obligar a cada familia a promover un proceso judicial.
Condición: El diseño debe concretar oferta lingüística, proporciones y obligaciones de los centros, respetando cooficialidad y competencias educativas. Reforzar inspección puede facilitar cumplimiento, pero una potestad sancionadora requiere infracciones precisas, procedimiento y recurso. La promesa de ausencia de pleitos no puede impedir tutela judicial ni garantizar que desaparezcan discrepancias. Su ejecución depende de docentes, grupos y demanda territorial; aprobar un derecho no crea automáticamente una plaza con el modelo solicitado. [41, 79]
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IX.8 · p. 22
Historia, economía y Constitución en Secundaria
Establecer un temario de Historia de España compartido por todos los territorios y hacer obligatorias Economía y Constitución en Secundaria. Incluir conocimientos prácticos sobre impuestos, hipotecas y pensiones como parte de la formación común que propone para el alumnado.
Condición: Los contenidos comunes pueden mejorar comparabilidad y alfabetización económica, pero deben encajar en reparto competencial, horarios y pluralidad académica. Incorporar asignaturas obliga a decidir qué se integra, amplía o sustituye, además de preparar materiales y docentes. La educación financiera no elimina por sí sola malas decisiones o condiciones de mercado adversas. Evaluar comprensión aplicada y calidad historiográfica resulta más informativo que contar temas idénticos o horas añadidas al currículo. [41, 79]
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IX.3 · p. 23
Acceso y prácticas de la profesión docente
Implantar un sistema de acceso docente con examen nacional y dos años de prácticas remuneradas bajo tutoría. Vincularlo a movilidad para que profesionales acreditados puedan enseñar en diferentes territorios, con una formación inicial práctica común inspirada en el modelo MIR.
Condición: Una etapa tutorizada puede mejorar preparación si los tutores tienen tiempo y evaluación fiable; el nombre MIR no prueba su eficacia educativa. Debe coordinarse con titulaciones, oposiciones existentes y competencias autonómicas, preservando derechos de quienes ya están en proceso. La movilidad depende de vacantes y requisitos aplicables, no solo de superar un examen. Incorporar cohortes durante dos años exige capacidad formativa y un calendario que evite cuellos de botella en la contratación. [41, 79]
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IX.4 · p. 23
Retribución, autoridad y carga administrativa docente
Reconocer autoridad pública al profesorado en toda España, elevar su salario un diez por ciento durante la legislatura y reducir tareas burocráticas. El paquete se presenta como mejora de condiciones profesionales para dedicar más tiempo a la enseñanza y al alumnado.
Condición: La consideración de autoridad pública ya tiene reconocimiento educativo; la novedad debe precisarse frente a esa base. La subida salarial exige definir conceptos incluidos y coordinar empleadores autonómicos; financiarla no demuestra por sí mismo mejor aprendizaje. Reducir burocracia requiere inventario de trámites, interoperabilidad y apoyo administrativo para evitar desplazar trabajo. Medir salario comparable, horas efectivas y retención docente permite separar la entrega económica del resultado educativo esperado. [41, 116]
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IX.5 · p. 23
FP temprana y prevención del abandono
Introducir aprendizaje remunerado desde los quince años y tutor individual para estudiantes en riesgo. Condicionar titulación al aprendizaje y reducir el abandono escolar hasta el nueve por ciento, desde el 12,8% que el programa utiliza como referencia de partida.
Condición: La FP básica desde quince años no equivale a autorizar un contrato laboral ordinario a esa edad; deben resolverse escolarización, límites laborales y protección de menores. Las tutorías requieren identificación temprana, profesionales y colaboración familiar. Titulación basada en aprendizaje necesita criterios objetivos, sin reducir apoyos a quienes parten de desventaja. El nueve por ciento es un resultado multicausal: plazas y tutores son instrumentos, no garantía de alcanzar esa tasa en cuatro años. [51, 79, 115]
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IX.6 · p. 24
Financiación por alumno y elección de centro
Asignar igual financiación por estudiante mediante un cheque utilizable en centros públicos, concertados o privados, y publicar sus resultados. El programa utiliza 8.293 euros por alumno como referencia ilustrativa y plantea ampliar la posibilidad de elección de las familias.
Condición: La elección depende también de plazas, admisión, copagos, transporte e información. La evidencia comparada muestra que equidad y segregación cambian con el diseño; no cabe trasladar automáticamente un resultado extranjero. Una cantidad idéntica puede atender peor necesidades educativas distintas, y financiar alumnado privado antes no subvencionado eleva coste. Debe preservarse una red accesible y evaluar resultados ajustados al contexto, evitando interpretar selección de alumnos como mejora docente. [8, 9, 41, 79]
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IX.7 · p. 24
Consejo académico y neutralidad educativa
Encargar contenidos a un consejo académico independiente; exigir neutralidad ideológica en las aulas y prohibir propaganda partidaria o sindical durante clases. Someter libros a revisión académica, con inspección y sanciones, para reducir la influencia política directa sobre la educación.
Condición: La independencia depende de selección, mandato, transparencia y pluralidad del consejo, elementos que no concreta la etiqueta académico. Separar propaganda de análisis crítico es esencial para proteger libertad de enseñanza y debate curricular. Revisar todos los materiales necesita criterios, recursos y recurso frente a decisiones. Las sanciones imprecisas pueden producir autocensura; las reglas claras pueden limitar usos partidistas. El indicador relevante sería calidad y aplicación consistente, no ausencia total de controversia. [41, 79]
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IX.9 · p. 24
Becas en FP y financiación universitaria por resultados
Conceder una beca anual de dos mil euros en FP superior vinculada a sectores con déficit de profesionales, incluidos industria, construcción, energía, sanidad y digital. Vincular además una parte de la financiación universitaria a la inserción laboral de sus titulados.
Condición: La beca puede reducir barreras de acceso si el déficit se identifica con datos y se revisa periódicamente. La financiación universitaria por objetivos ya contempla inserción laboral entre posibles criterios; el cambio sería su peso y aplicación. Comparar tasas sin ajustar especialidad, contexto y origen del alumnado incentiva selección y penaliza funciones no laborales. Hace falta observar empleo estable y adecuación formativa, no solo cualquier contrato al terminar estudios. [115, 121]
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IX.10 · p. 25
Auxiliares de inglés y certificación B2
Incorporar cinco mil auxiliares nativos de inglés, financiar la certificación B2 al concluir Bachillerato y emitir programación infantil pública en versión original. El programa presenta estas medidas junto a la garantía de alcanzar ese nivel al finalizar la etapa.
Condición: Contratar auxiliares y pagar pruebas son entregas observables; alcanzar B2 requiere aprendizaje acumulado y no se garantiza abonando un examen. Deben seleccionarse perfiles con competencia pedagógica, distribuirse según necesidad y coordinarse con docentes. La versión original aporta exposición, pero su efecto depende de acceso y uso. La garantía universal en una legislatura resulta exigente para cohortes con distintos niveles iniciales; medir progresión, participación y certificación evita confundir medios con dominio lingüístico. [41, 79]
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8. Familia, infancia y cuidados 2 propuestas
III.2 · p. 26
Mínimos de IRPF por hijos
Añadir 5.000 euros al mínimo exento de cada progenitor por hijo; el ejemplo del programa alcanza 45.000 por persona con dos hijos.
Condición: No es una transferencia de 5.000 euros: el beneficio depende del diseño del impuesto, de ingresos y de cuota. Deben precisarse custodia compartida, familias monoparentales, hijos adultos y progenitores sin renta. La retirada gradual de III.1 puede cambiar el resultado. La financiación debe calcularse conjuntamente con la reforma general, evitando sumar dos estimaciones que utilicen bases distintas o se solapen. [45, 46]
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VI.12 · p. 26
Prueba de paternidad al nacimiento
Ofrecer prueba gratuita e inmediata en el hospital al nacer, salvo renuncia expresa de ambos progenitores.
Condición: El texto mezcla un derecho a solicitar con un procedimiento por defecto que solo ambos pueden rechazar. Faltan consentimiento, representación e interés del menor, manejo de desacuerdo, confidencialidad genética y consecuencias jurídicas. Una prueba no sustituye por sí sola los procedimientos de filiación. La gratuidad no resuelve esas decisiones ni la capacidad de respuesta inmediata; la ejecución se deja no estimable hasta aclarar el modelo. [32, 37, 41, 77]
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9. Protección social e igualdad 2 propuestas
VIII.10 · p. 27
Compatibilidad del IMV y ofertas de empleo
Extinguir la prestación tras rechazar dos ofertas adecuadas y rediseñar el complemento salarial para que el Ingreso Mínimo Vital disminuya cincuenta céntimos por cada euro adicional ganado. La promesa pretende que trabajar aumente siempre la renta disponible del hogar.
Condición: El IMV ya incorpora un incentivo de compatibilidad laboral; no parte de una reducción universal de un euro por euro. La nueva retirada gradual debe simularse por hogar, considerando impuestos, otras ayudas y gastos de trabajar. Oferta adecuada necesita criterios de salud, cuidados, distancia y recurso. Las sanciones pueden acelerar aceptación o reducir protección sin empleo estable. El coste cero exige estimar beneficiarios, salarios, permanencia y gestión, no asumir que todo gasto se autofinancia. [53, 120]
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IV.9 · p. 27
Prohibición del velo integral
Prohibir burka y niqab en el espacio público.
Condición: La existencia de restricciones en otros países no acredita idéntico encaje para cualquier ley española. Deben definirse finalidad, lugares, excepciones, sanciones y control de proporcionalidad, incluyendo libertad religiosa e igualdad. La viabilidad depende del texto y de su motivación, no solo de una mayoría parlamentaria. Evaluar aplicación y efectos sobre participación en espacios públicos; no se presume un efecto positivo o negativo universal. [31, 41]
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10. Inmigración y asilo 8 propuestas
IV.1 · p. 28
Ejecución acelerada de expulsiones
Identificar, ordenar y ejecutar expulsiones en 48 horas, cumplir todas las órdenes en noventa días y mantener internamiento hasta la salida.
Condición: El nuevo marco europeo de retorno de 2026 tiene aplicación escalonada y conserva garantías. Documentación, readmisión, recursos, riesgo de devolución y situación de menores impiden tratar cada orden como salida automática. El internamiento está sujeto a requisitos y control, no es duración ilimitada. Más medios pueden mejorar ejecución, pero el objetivo universal depende también de otros países y de decisiones judiciales. [41, 63, 64]
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IV.2 · p. 28
Regularización extraordinaria y revisión
Derogar la regularización de 2026, revisar individualmente autorizaciones concedidas y prohibir regularizaciones masivas mediante ley orgánica.
Condición: Cambiar reglas futuras no anula automáticamente actos favorables ya firmes. La revisión requiere causa legal, procedimiento y garantías individuales; las concesiones no pueden presumirse fraudulentas. Una ley orgánica puede ser modificada por otra mayoría con el mismo rango. Deben separar derogación, revisión y eventual retirada de permisos. El trabajo administrativo y los litigios condicionan la ejecución del paquete. [63, 66, 67]
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IV.3 · p. 28
Ayudas, visados y readmisión
Condicionar ayudas, visados y preferencias comerciales con ciertos países a readmitir a sus nacionales en 72 horas; vetar cualquier acuerdo europeo que no lo exija.
Condición: La condicionalidad puede ser una herramienta negociadora, pero las competencias se reparten entre España y la UE y no toda decisión permite veto. La otra parte debe identificar y aceptar a las personas; cortar cooperación puede cambiar esa disposición. Separar decisión española de financiación, acuerdo diplomático y retorno efectivo. No se demuestra que la amenaza produzca el plazo de 72 horas ni ahorro neto. [41, 64, 70]
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IV.4 · p. 28
Moratoria por países y cupos de entrada
Suspender durante la legislatura inmigración desde países que no colaboren y exigir para los demás contrato previo y cupo anual votado en el Congreso.
Condición: El Estado puede ordenar parte de la migración laboral, pero una moratoria total debe distinguir asilo, reagrupación, libre circulación y otros derechos. Faltan criterios verificables para clasificar países y excepciones. La regla de contrato previo no cubre todas las vías de entrada. La valoración corresponde a la amplitud literal; un cupo laboral con garantías y categorías delimitadas tiene una ruta más acotada. [41, 63, 78]
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IV.5 · p. 29
Preferencia hispanoamericana y nacionalidad
Dar prioridad en cupos a Hispanoamérica y exigir diez años de residencia legal, examen, ausencia de antecedentes e independencia de ayudas para la nacionalidad; revisar fraudes.
Condición: El Código Civil ya contiene plazos generales y reducidos, entre ellos para nacionales iberoamericanos. No se aclara si los diez años eliminan esas excepciones, lo que puede tensionar la prioridad anunciada. Debe distinguirse nacionalidad de permiso laboral y revisión por fraude de retirada general. Exámenes y requisitos necesitan proporcionalidad, excepciones y capacidad de tramitación. Faltan universo y régimen transitorio. [41, 67, 77]
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IV.6 · p. 29
Pérdida de residencia y nacionalidad
Retirar residencia tras condenas superiores a un año y nacionalidad a dobles nacionales por terrorismo, crimen organizado o delitos sexuales graves.
Condición: La Constitución impide privar de nacionalidad a españoles de origen; ser doble nacional no elimina esa garantía. Residencia, expulsión y nacionalidad son decisiones distintas con control individual y proporcionalidad. Deben precisarse firmeza, vínculos, apatridia y ciudadanía europea. El paquete no puede valorarse como un trámite automático: necesita una versión jurídicamente delimitada antes de estimar su ejecución. [31, 41, 63, 77]
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IV.7 · p. 29
Determinación de edad y retorno de menores
Exigir pruebas radiológicas y dentales antes de ingresar en centros de menores y priorizar la repatriación con la familia.
Condición: La evaluación de edad requiere garantías e incertidumbre explícita: una prueba no produce una edad exacta universal. Debe mantenerse protección a quien pueda ser menor mientras se decide. El retorno exige interés superior, seguridad, familia y recepción. El Reglamento de retorno de 2026 permite evaluar ante dudas y tomar en cuenta el procedimiento de asilo, sin imponerlo idénticamente en todos los casos. La exigencia médica general previa necesita encaje específico. [41, 63, 64, 78]
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IV.10 · p. 29
Acceso a ayudas y gravamen de remesas
Exigir cinco años de residencia legal y cotización para prestaciones no contributivas, ayudas al alquiler y vivienda pública; gravar al 2% remesas a países que no readmitan.
Condición: El título alude a situación irregular, pero el cuerpo también restringe a residentes legales recientes. La regla debe diferenciar prestaciones, derechos de menores, igualdad europea y requisitos vigentes. Exigir cotización a prestaciones no contributivas cambia su lógica y cobertura. El gravamen requiere encaje en movimientos de capital y un mecanismo operativo. No se conoce población excluida ni ahorro neto; pueden aparecer costes en otras administraciones. [41, 53, 63, 86]
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11. Seguridad y justicia 16 propuestas
II.1 · p. 30
Centro penitenciario de máxima seguridad
Construir una macrocárcel para los delitos enumerados, con régimen sin permisos, tercer grado ni teléfono; el texto añade trabajo y reinserción obligatoria.
Condición: Construir exige suelo, licitación, personal y funcionamiento, además de inversión. El régimen debe respetar derechos, control judicial e individualización; la Constitución prohíbe los trabajos forzados, distintos del trabajo penitenciario regulado. La caída de homicidios citada de otro país no identifica el efecto causal del edificio ni predice el español. Los decomisos deben ser firmes, realizables y netos de restituciones; no son caja recurrente garantizada. [7, 17, 41, 60, 62]
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II.2 · p. 30
Cumplimiento íntegro y reincidencia
Eliminar reducciones y permisos para determinados delitos, ampliar prisión permanente revisable a violaciones de menores o con lesiones graves y excluir suspensión tras tres condenas.
Condición: El legislador puede cambiar sanciones futuras dentro de los límites constitucionales y europeos. La exclusión general de progresión exige examinar proporcionalidad y posibilidades reales de revisión; no puede aplicarse retroactivamente una pena desfavorable. Aumentar duración eleva población penitenciaria y gasto. La evidencia distingue incapacitación y disuasión: mayor severidad por sí sola no acredita una reducción del delito. [7, 17, 31, 41, 62]
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VII.2 · p. 30
Régimen penitenciario e indulto por corrupción
Exigir cumplimiento íntegro de las penas por corrupción, excluir tercer grado y permisos y prohibir legalmente el indulto para estos condenados. Se aplica como regla general a la categoría de delitos, sin distinguir en el programa circunstancias individuales.
Condición: Modificar penas y reglas penitenciarias exige leyes y examen de proporcionalidad, individualización y reinserción. La prohibición de indulto y la de progresión son instrumentos distintos; una no demuestra que la otra sea constitucional en toda circunstancia. El paquete se solapa con II.2 y aumenta potencialmente estancia y coste penitenciario. Incluso aprobado válidamente, cumplir más tiempo no garantiza recuperar fondos ni evitar nueva corrupción sin detección efectiva. [7, 17, 41, 62]
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II.3 · p. 30
Reincidencia sexual y tratamiento
Registro público de reincidentes sexuales, seguimiento telemático permanente y tratamiento hormonal descrito como voluntario, exigido para acceder a beneficios penitenciarios.
Condición: Publicidad y vigilancia de por vida requieren juicio de proporcionalidad, revisión y protección de datos. Condicionar beneficios al tratamiento tensiona la voluntariedad y exige indicación clínica, consentimiento y supervisión individual. El programa no concreta selección, duración, contraindicaciones ni resultados evaluables. No se presupone eficacia universal contra la reincidencia; una versión ajustada puede diferir sustancialmente del paquete literal. [31, 32, 41, 62]
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II.4 · p. 31
Cumplimiento de penas en terceros países
Convenios para trasladar a extranjeros condenados a prisiones de otros países, seguidos de prohibición de entrada de por vida.
Condición: El traslado depende de convenios, requisitos personales y aceptación del otro Estado; no es una decisión unilateral española. Deben protegerse integridad, control judicial y vínculos familiares, con especial atención al riesgo de trato inhumano. El ahorro anunciado debe descontar pagos al país receptor, transporte, supervisión y litigios. La prohibición vitalicia general exige examen individual y encaje en el derecho europeo. [31, 63, 83, 84]
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II.5 · p. 31
Condiciones de Policía y Guardia Civil
Equiparar retribuciones con Mossos en dos años, reconocer profesión de riesgo y permitir jubilación a los sesenta sin penalización.
Condición: La revisión salarial tiene instrumentos presupuestarios y negociación identificables; la comparación debe homogeneizar jornada, antigüedad y complementos. La jubilación anticipada necesita evaluación de riesgo y financiación de cotizaciones y pensiones. Contratar reemplazos determina la capacidad operativa. La coincidencia entre partidos sobre mejorar condiciones facilita negociar partes, sin demostrar acuerdo sobre equivalencia exacta, plazo ni régimen de retiro. [41, 53]
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II.6 · p. 31
Operativo contra el narcotráfico
Apoyo permanente de Armada y Ejército del Aire, inversión en lanchas, drones y medios aéreos y decomiso civil de bienes vinculados al narcotráfico.
Condición: Reforzar medios puede aumentar capacidad de investigación e interceptación, si se coordinan funciones militares, policiales y aduaneras. El decomiso exige base legal, prueba y garantías patrimoniales. Faltan mantenimiento, tripulaciones y reparto de ingresos entre este plan, prisión e investigadores. Medir redes desarticuladas y condenas, no solo incautaciones; desviar rutas o modalidades limita una lectura simple de actividad como éxito. [7, 41, 60]
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II.9 · p. 31
Plazas judiciales y juicios rápidos
Añadir 2.000 jueces y 1.500 fiscales, tramitar en 72 horas casos flagrantes y multirreincidencia e implantar expediente digital común.
Condición: Ya existen procedimientos penales rápidos. El refuerzo de plantillas puede reducir cuellos de botella, pero convocar plazas no produce de inmediato profesionales formados ni oficinas completas. El plazo de 72 horas exige delimitar delitos, prueba, defensa y momento de inicio. La interoperabilidad requiere procesos comunes y seguridad. La dotación debe cubrir personal de apoyo, formación y sistemas; medir duración real y calidad procesal. [18, 41, 85]
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II.10 · p. 32
Legítima defensa en domicilio o negocio
Presunción de defensa legítima ante intrusión forzada o nocturna, incluso con armas legales, carga de probar el exceso para la acusación y facilitar licencia de defensa a personas sin antecedentes.
Condición: La legítima defensa y la presunción de inocencia ya existen; debe precisarse qué cambia en necesidad y proporcionalidad del medio. Una presunción automática no puede resolver sin prueba cualquier uso de fuerza. Ampliar licencias exige evaluación de idoneidad, custodia y riesgos. No se ha aportado evidencia específica de que este diseño mejore el balance entre protección y daño; seguir incidentes y decisiones judiciales. [17, 24, 41]
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II.11 · p. 32
Independencia de la policía judicial
Subordinar las investigaciones de políticos al juez y tipificar la injerencia política.
Condición: La dependencia funcional de jueces, tribunales y fiscalía ya está reconocida constitucionalmente. La novedad debe localizarse en adscripción, nombramientos, presupuesto o sanciones concretas, sin borrar el papel del Ministerio Fiscal. Mejorar protección frente a interferencias es jurídicamente articulable, pero exige definir conductas, prueba y control. Evaluar continuidad de equipos y trazabilidad de instrucciones; una declaración de independencia no demuestra aplicación efectiva. [18, 41]
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II.12 · p. 32
Unidades de investigación financiera y criminal
Ampliar UCO a 1.800 y UDEF a 1.000 agentes; añadir 1.200 en UDYCO y Vigilancia Aduanera, peritos y laboratorio. Blindar la partida por ley e impedir recortes o apartar investigadores por decisión ministerial.
Condición: Más capacidad especializada puede acelerar análisis y persecución patrimonial. Los incrementos detallados suman aproximadamente 3.100 puestos, frente al titular de 3.000; deben reconciliarse con unidades ya existentes. Selección, formación y retención condicionan plazos. Los decomisos son inciertos y una ley ordinaria no inmuniza el presupuesto frente a futuras reformas. No añadir de nuevo los 120 millones ya incluidos para fiscalías y otros organismos. [41, 60]
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VII.7 · p. 32
Plantillas anticorrupción y supervisión financiera
Elevar Anticorrupción a cien fiscales y Antidroga a cuarenta; dotar peritos, cubrir vacantes de Vigilancia Aduanera en dos años y duplicar SEPBLAC. Establecer presupuesto propio protegido por ley, integrado en el fondo de refuerzo policial e investigador.
Condición: La ampliación tiene instrumentos presupuestarios y de personal identificables, pero fiscales, analistas y peritos necesitan selección, formación y sistemas de trabajo. El plazo de dos años debe contrastarse con plazas realmente vacantes y capacidad de convocatoria. Un presupuesto legalmente separado no asegura autonomía frente a futuras leyes presupuestarias. Los 120 millones están incluidos en II.12: sumarlos otra vez duplicaría financiación. Medir calidad de expedientes y recuperación neta, no solo plantilla. [18, 41, 60]
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II.13 · p. 33
Protección y formación de vigilancia privada
Reforzar protección penal sin otorgar condición policial, exigir equipamiento empresarial y binomios en ciertos centros, tramitar TIP en treinta días, crear FP y aprobar nuevo reglamento en seis meses.
Condición: El diseño puede articularse mediante reformas penal, laboral y de seguridad privada, manteniendo delimitadas funciones y responsabilidad. El nuevo delito no elimina la necesidad de prueba ni equivale a reducir agresiones. Equipos y binomios elevan costes de contratación; los plazos de habilitación requieren formación y controles. Debe concretarse qué protección ya cubre actuaciones en cooperación con fuerzas públicas y qué se amplía. [17, 20]
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II.14 · p. 33
Contratos de vigilancia y retiro anticipado
Precios públicos que cubran convenio y estructura, pago al trabajador ante impago, exclusión de incumplidores, plus de riesgo de 150 euros y jubilación a los sesenta con 35 años cotizados.
Condición: La financiación adicional puede sostener parte del adelanto de pensiones, pero no prueba coste estatal cero para todo el paquete: el plus, las dotaciones y garantías de nómina afectan contratos públicos. Hay que respetar reglas de licitación y procedimiento de exclusión. El retiro exige evaluación del riesgo y equilibrio actuarial. Comparar coste total de servicio y cobertura, evitando confundir quién ingresa la cotización con quién soporta su incidencia. [20, 53, 73]
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IV.8 · p. 33
Organizaciones, financiación del culto e imanes
Ilegalizar e incluir a los Hermanos Musulmanes en listas terroristas; impedir financiación extranjera del culto, registrar donaciones y cerrar centros incumplidores; expulsar imanes que prediquen contra la Constitución.
Condición: Una designación terrorista exige pruebas y procedimientos aplicables, no basta equiparar organizaciones por una declaración política. Las medidas sobre culto y financiación deben respetar libertad religiosa, asociación e igualdad, con revisión judicial. Delimitar sujetos, actos y vínculos evita responsabilidad por identidad. El programa mezcla normativa nacional y listados europeos; sancionar discurso requiere distinguir delito y expresión protegida. [17, 31, 32, 41]
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X.3 · p. 33
Hermanos Musulmanes y legislación antiterrorista
Aplicar prohibición, bloqueo económico y penas máximas antiterroristas por pertenencia a los Hermanos Musulmanes y a otras redes que denomina de radicalización islámica. El programa propone este tratamiento como complemento de la prohibición y vigilancia de financiación religiosa descritas en inmigración.
Condición: La calificación de organización terrorista y la responsabilidad de sus integrantes requieren presupuestos legales, prueba y control judicial; una designación extranjera no los sustituye automáticamente. No debe asumirse como hecho la atribución partidaria de todo terrorismo europeo a esa organización. Investigar financiación y delitos puede mejorar seguridad, pero una categoría indeterminada de radicalización plantea riesgo de sancionar expresión o asociación lícitas. La ejecución exige identificar entidades, conductas y vínculos acreditados. [17, 32, 41]
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12. Instituciones y calidad democrática 17 propuestas
GOV · p. 34
Reorganización del Gobierno y entidades públicas
Organizar diez ministerios y una vicepresidencia económica; reducir secretarías de Estado de treinta y cinco a quince, direcciones generales de 128 a setenta, altos cargos de 823 a 450, asesores a cuatrocientos y entidades públicas de 452 a trescientas, transfiriendo funciones útiles.
Condición: El presidente puede reorganizar departamentos, pero cerrar entidades puede exigir leyes, resolver contratos y redistribuir personal. Fusionar ministerios no reduce por sí mismo las políticas ni su coste. Los ahorros necesitan una línea de partida comprobada y descontar transición y funciones trasladadas. La promesa de actuación inmediata resulta más factible para la estructura superior que para toda la ejecución. El descenso de 823 a 450 altos cargos tampoco equivale exactamente a la mitad. [19, 28]
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VII.1 · p. 34
Imprescriptibilidad de delitos de corrupción
Eliminar el límite temporal para perseguir cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y financiación ilegal cuando los cometan cargos públicos. La medida se dirige al conjunto de estos delitos y no únicamente a los de mayor gravedad.
Condición: La imprescriptibilidad tiene una vía de reforma penal para conductas futuras, pero debe delimitar delitos y sujetos y respetar la irretroactividad desfavorable. No recupera automáticamente causas extinguidas ni prueba hechos antiguos. Puede ampliar oportunidades de persecución, aunque archivos, evidencia y capacidad investigadora siguen siendo decisivos. Su efecto disuasorio no se deduce del cambio de plazo: conviene medir investigaciones viables y recuperación, además del número de casos abiertos. [7, 17, 41]
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VII.4 · p. 34
Restitución, decomiso e inhabilitación
Imponer una responsabilidad civil equivalente al triple de lo sustraído, decomisar patrimonio no justificado y condicionar beneficios a la restitución. Añadir pérdida definitiva de plaza para funcionarios condenados y exclusión de contratación estatal durante quince años para empresas corruptoras.
Condición: Recuperar activos puede reparar daños, pero el multiplicador punitivo, el decomiso y las inhabilitaciones requieren fundamentos y garantías diferentes. No demostrar un origen no equivale automáticamente a acreditar delito; deben precisarse carga de prueba y protección de terceros. Condicionar beneficios a pagos debe distinguir insolvencia de ocultación. Los bienes embargados pueden resultar ilíquidos o pertenecer a perjudicados: el triple declarado no es un ingreso presupuestario asegurado. [17, 41, 60, 73]
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VII.3 · p. 35
Amnistías e indultos
Reformar la Constitución para prohibir amnistías y limitar indultos a solicitud del tribunal e informe favorable independiente, con prisión por uso político y exclusión de corrupción. Antes de reformarla, indultar a José Manuel Lomas y concederle la Orden del Mérito Civil.
Condición: El blindaje constitucional supera la mayoría ordinaria u orgánica del escenario A; la vía concreta de reforma depende de los preceptos afectados. La excepción individual y la regla futura deben examinarse separadamente. Tipificar el uso político requiere una conducta precisa, compatible con legalidad penal y función parlamentaria. Tras una reforma válida, aplicar el procedimiento es posible; suprimir discrecionalidad no elimina desacuerdos sobre qué razones justifican cada decisión. [17, 41]
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VII.5 · p. 35
Recompensa y protección del informante
Entregar al denunciante el 15% de los fondos efectivamente recuperados, libre de impuestos, y acompañarlo de anonimato, protección laboral y una autoridad independiente con facultad sancionadora. El incentivo económico se vincula a la recuperación y no simplemente a presentar una denuncia.
Condición: Ya existen protección legal del informante, canales y autoridad independiente; la novedad principal es la recompensa y su exención. Puede mejorar detección, pero requiere establecer contribución causal, reparto entre informantes, firmeza y pago después de restituciones. Deben protegerse defensa y reputación ante denuncias incorrectas. El incentivo reduce el ingreso neto recuperado y no permite presupuestar recaudación adicional sin estimar casos, tiempos judiciales y recuperación efectiva. [25, 33, 60]
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VII.6 · p. 35
Elección y mandato del fiscal general
Elegir al fiscal general por tres quintos del Congreso, restringiendo la candidatura a fiscales con al menos veinticinco años de carrera. Establecer un mandato de seis años, diseñado para no coincidir con la duración ordinaria de una legislatura.
Condición: La Constitución atribuye el nombramiento al Rey a propuesta del Gobierno, oído el CGPJ; sustituir ese mecanismo por elección parlamentaria exige encaje constitucional, no solo cambiar una ley. Una mayoría reforzada puede favorecer acuerdos y también bloqueos. El mandato separado reduce coincidencias temporales, sin garantizar independencia por sí mismo. Faltan causas de cese, suplencia y desbloqueo; son esenciales para valorar la autonomía efectiva del puesto. [18, 41]
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VII.8 · p. 35
Sustitución del Tribunal Constitucional
Suprimir mediante reforma constitucional el Tribunal Constitucional y transferir el control de leyes y actuaciones públicas a una sala especial del Supremo. Sus miembros se seleccionarían mediante elección judicial, antigüedad o sorteo, con intención de excluir la influencia política.
Condición: Cambiar el órgano exige reforma constitucional y regular la continuidad de recursos, sentencias y garantías, sin presumir automáticamente un procedimiento agravado concreto. Elección judicial, antigüedad y sorteo generan incentivos distintos; el programa no elige entre ellos. Puede reducir intervención partidaria en nombramientos, pero también concentrar funciones y trasladar disputas al gobierno judicial. Tras aprobación válida, la entrega depende de transición, personal y reglas claras de independencia y recusación. [18, 41]
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VII.9 · p. 36
Gobierno judicial y acceso a la carrera
Blindar constitucionalmente un CGPJ elegido por jueces, antigüedad o sorteo; crear o endurecer delitos contra la independencia judicial, incluidas instrucciones indebidas. Conceder becas públicas de preparación de oposiciones exclusivamente conforme a criterios de mérito y capacidad definidos para ese acceso.
Condición: El compromiso incluye un blindaje constitucional, aunque algunas reglas de selección podrían modificarse por ley orgánica. No deben confundirse ambas rutas. Tipificar interferencias necesita separar órdenes ilícitas de recursos, interpretación jurisdiccional y competencias legítimas de órganos superiores. Las becas pueden ampliar acceso, pero elegir solo rendimiento sin considerar recursos puede mantener barreras económicas. Los efectos dependen de composición, controles y criterios verificables, todavía abiertos entre tres mecanismos distintos. [17, 18, 41]
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VII.10 · p. 36
Blindaje de la acción popular
Modificar la Constitución para impedir que la ley excluya o restrinja la acción popular de personas físicas o jurídicas. Abrir además la posibilidad de extenderla a entidades sin personalidad jurídica, ampliando o preservando su acceso a los procedimientos correspondientes.
Condición: La acción popular ya tiene reconocimiento constitucional; el cambio pretende retirar límites que hoy remite a la ley. Preservar acceso puede reforzar control ciudadano, pero no elimina la necesidad de legitimación, representación y medidas frente a abuso procesal. La prohibición absoluta de restricciones exige precisar su relación con fianzas, plazos y causas de inadmisión. La mayoría ordinaria no garantiza el blindaje; una vez válido, los efectos dependen del diseño procesal. [18, 41]
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VII.11 · p. 36
Eliminación de aforamientos
Suprimir los aforamientos para que sus actuales beneficiarios sean juzgados por los órganos ordinariamente competentes. Presentar la reforma constitucional el primer día de gobierno; el programa utiliza una cifra agregada de 17.621 personas como universo de eliminación.
Condición: Presentar una iniciativa el primer día es distinto de conseguir su aprobación y aplicación. El universo combina regímenes constitucionales, estatutarios y legales, cuya modificación requiere procedimientos diferentes. Eliminar el fuero altera el tribunal competente, no equivale a retirar inmunidad ni a asegurar condenas. Debe ordenarse la transición de causas y evitar conflictos de competencia. La cifra partidaria necesita inventario actualizado y desglose, sin utilizarla como censo verificado automáticamente. [18, 41]
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VII.12 · p. 36
Incompatibilidades y órganos de control
Exigir cinco años de espera para pasar a empresas reguladas y otros cinco para que exministros o dirigentes partidarios presidan los órganos de control enumerados: poder judicial, sala constitucional, Banco de España, CNMC y Defensor del Pueblo.
Condición: Ya existen incompatibilidades posteriores al cargo; ampliarlas y extenderlas a nombramientos puede reducir conflictos, pero requiere delimitar funciones, empresas y vínculos reales. Una prohibición general debe ser proporcionada y acompañarse de supervisión, sanciones y reglas de transición. Los órganos incluidos no comparten sistema de nombramiento, y la sala constitucional presupone VII.8. Evaluar conflictos evitados y cumplimiento, sin equiparar toda experiencia política o profesional con falta de independencia. [18, 28, 41]
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VII.13 · p. 37
Contratación electrónica y control de emergencias
Integrar contratación pública en una plataforma, emplear subasta inversa y precios de referencia actualizados, y publicar íntegramente contratos de emergencia y beneficiarios reales en veinticuatro horas. Auditar dichas emergencias en treinta días, con una meta declarada de ahorro anual.
Condición: La contratación electrónica y la publicidad ya son obligaciones en buena parte del sistema; la novedad es integración, plazos y alcance. La subasta inversa resulta útil para prestaciones comparables, pero no sustituye criterios de calidad en todos los contratos. Beneficiarios reales, reservas legítimas y capacidades pequeñas requieren adaptación. Los cinco mil millones son una estimación partidaria: deben demostrarse frente a una base homogénea, descontando costes y evitando contar como ahorro simples retrasos. [27, 32, 73]
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VII.14 · p. 37
Publicación rápida del gasto público
Publicar en un portal común de todas las administraciones los gastos superiores a mil euros en veinticuatro horas. Incluir pagos, contratos, subvenciones, retribuciones de altos cargos y asesores, así como agendas y regalos, mediante información accesible para seguimiento ciudadano.
Condición: Ampliaría publicidad ya prevista y permitiría seguimiento más cercano al pago. Requiere definir el momento inicial del plazo, integrar contabilidades y evitar que umbrales incentiven fraccionamiento. Datos personales, seguridad y secreto legal exigen excepciones justificadas, no ocultación indiscriminada. Publicar rápidamente no garantiza datos comprensibles ni detección de fraude: hacen falta identificadores, formatos reutilizables y controles de calidad. La coordinación entre administraciones condiciona una cobertura completa en cuatro años. [27, 32, 73]
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VIII.9 · p. 37
Anonimato y digitalización de oposiciones
Realizar oposiciones y concursos íntegramente digitales y anónimos, con tribunales elegidos por sorteo y pruebas grabadas. El objetivo expresado es seleccionar por mérito y evitar favoritismos en todo el acceso al empleo público, mediante reglas comunes de evaluación.
Condición: Anonimizar corrección y hacer trazable la selección puede reducir sesgos, pero pruebas orales, prácticas y historiales pueden revelar identidad. Deben definirse fases y compatibilidad entre grabación, confidencialidad y acceso al expediente. El sorteo no garantiza por sí mismo competencia técnica ni ausencia de conflictos; necesita requisitos y recusación. La digitalización requiere accesibilidad y seguridad, además de acuerdos entre administraciones. Conviene evaluar impugnaciones y fiabilidad, no prometer ausencia absoluta de favoritismo. [32, 41]
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VII.15 · p. 38
Límites de permanencia y supresión de organismos
Limitar a quince años los cargos públicos remunerados; suprimir Senado, Consejo de Estado, consejos económicos y sociales, publicidad institucional y subvenciones sindicales y patronales. Reducir a la mitad ayudas a partidos y bajar asesores del Gobierno de 1.255 a cuatrocientos.
Condición: Es un paquete de rutas distintas: Senado y Consejo de Estado tienen base constitucional, mientras presupuestos y determinados organismos admiten cambios legales. Limitar toda trayectoria remunerada exige definir cargos y respetar acceso y representación. Suprimir publicidad también afecta información de servicio público, no solo promoción gubernamental. El ahorro neto debe descontar funciones trasladadas, obligaciones y transición; eliminar nombres institucionales no elimina automáticamente su trabajo. La versión íntegra supera una mayoría ordinaria. [19, 26, 28, 41]
A BajaB BajaC BajaE Media
V.7 · p. 38
Complementos y prestaciones de antiguos cargos
Eliminar complementos parlamentarios, cesantías y dotaciones vitalicias de oficinas, vehículos y escoltas a expresidentes.
Condición: Los nuevos complementos parlamentarios se suprimieron en 2011, preservando derechos anteriores. La novedad requiere inventariar esos derechos y otros regímenes; el programa no aporta desglose. Prestaciones futuras, derechos consolidados y protección vinculada a riesgo personal necesitan tratamientos diferentes. El ahorro no es inmediato ni idéntico entre administraciones. Se puede negociar por componentes, con transiciones, sin contar como nuevo lo ya eliminado. [28, 41, 82]
A MediaB MediaC MediaE Media
PEN · p. 38
Compromiso salarial ligado a votos
Bloquear el cien por cien del sueldo de Alvise en una cuenta del Banco de España y comprobar en junio de 2030 sus votos frente a las 119 medidas. Si la correspondencia resulta inferior al cien por cien, entregar el salario al Estado, incluso desde la oposición.
Condición: La cláusula evalúa correspondencia de votos, no aprobación, ejecución ni resultados. El Banco de España no ofrece cuentas corrientes o de ahorro a particulares; sus cuentas directas de deuda no acreditan este depósito. Faltan instrumento contractual, custodio, árbitro, reglas para abstenciones y medidas nunca votadas. Donar remuneraciones puede ser una decisión personal, pero la promesa literal no es verificable sin esos elementos; no debe presentarse como garantía de cumplimiento gubernamental. [29, 30, 41]
A NEB NEC NEE NE
13. Modelo territorial y financiación 3 propuestas
III.11 · p. 39
Financiación autonómica y deuda
Defender criterios territoriales objetivos, iguales, solidarios y transparentes y oponerse a condonaciones de deuda entre administraciones, salvo catástrofes.
Condición: Defender criterios y votar contra condonaciones es una conducta verificable incluso desde la oposición. El texto no ofrece fórmula de población ajustada, nivelación, regímenes forales ni transición: no permite estimar ganadores, perdedores o recursos del modelo final. Las notas valoran promoción y posición de voto; la entrega de una nueva distribución queda NE. No se equipara sostener una posición con conseguir que otras administraciones la acepten. [41, 46]
A AltaB MediaC AltaE Alta
X.5 · p. 39
Fiscalidad y actividad económica en Ceuta y Melilla
Eliminar IRPF para residentes, fijar Sociedades cero durante diez años para empresas que creen empleo y suprimir su cotización empresarial. Plantear puerto franco y apertura aduanera por España, aunque no coopere Marruecos; el titular describe beneficios permanentes pese al plazo empresarial del desarrollo.
Condición: Los incentivos pueden atraer inversión, pero necesitan residencia efectiva, empleo adicional y prevención de traslado meramente contable. El tratamiento de grandes grupos debe considerar el impuesto mínimo complementario. La administración española puede gestionar su lado de la aduana, sin garantizar tránsito comercial por el otro. La diferencia entre permanencia del titular y diez años del texto afecta planificación y coste. Evaluar puestos estables y actividad local, no solo sociedades registradas o ingresos exentos. [45, 70, 74, 75]
A MediaB MediaC BajaE Media
X.6 · p. 39
Fiscalidad canaria y compensación de transporte
Introducir desde la renta de 2027 una deducción de mil euros por contribuyente residente en Canarias; reducir Sociedades ZEC al cero para empresas que creen cinco empleos. Pagar a compañías en treinta días la bonificación del 75% de transporte de residentes ya contemplada por el programa.
Condición: La deducción necesita aclarar si es reembolsable: sin cuota suficiente no todos recibirían mil euros. La ZEC ya existe al 4% y modificarla exige encaje europeo, incluyendo tratamiento de grandes grupos. El descuento de transporte ya tiene base normativa; cambia el plazo de abono a operadores. El coste debe desglosar elegibles y cuota disponible: multiplicar 1,09 millones por mil da un máximo teórico superior a la estimación, sin probar por sí solo un error. [45, 75, 122, 123, 124]
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14. Energía, clima y medioambiente 1 propuestas
III.7 · p. 40
IVA de electricidad y agua
Establecer permanentemente IVA del 4% en electricidad y agua y eliminar el impuesto sobre la producción eléctrica.
Condición: El agua está en una categoría europea que permite tipos inferiores al 5%; la electricidad requiere comprobar una habilitación distinta para alcanzar el 4%. La supresión del impuesto nacional tiene otra ruta. Evaluar recaudación e incidencia en facturas: bajar tributos no garantiza idéntico descenso del precio final. La nota de aprobación del paquete refleja el componente eléctrico europeo; tras habilitación válida y financiación, aplicar los tipos es administrativamente viable. [48, 87]
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15. Agricultura, pesca y medio rural 1 propuestas
X.2 · p. 41
Posición europea sobre comercio, PAC y medioambiente
Bloquear Mercosur, el recorte de la Política Agraria Común y el Pacto Verde, incluida la normativa de restauración, mediante oposición española en el Consejo. Orientar estas decisiones a proteger producción agraria española y reducir restricciones que el partido considera perjudiciales.
Condición: No existe un veto nacional general para todas esas materias: el procedimiento y la fase de cada expediente determinan si basta oponerse o hacen falta aliados. Una norma vigente tampoco desaparece mediante un voto posterior aislado. Deben distinguirse comercio, presupuesto agrario y medioambiente, con efectos diferentes sobre productores, consumidores y exportaciones. Tras acuerdos europeos válidos, la aplicación necesita transición y controles; las pérdidas y superficies citadas por SALF requieren verificación separada. [44, 70, 125]
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18. Unión Europea, exterior y defensa 11 propuestas
II.7 · p. 42
Servicio militar o civil voluntario
Ofrecer 30.000 plazas anuales, de seis a doce meses para personas de 18 a 30 años, con 1.600 euros netos mensuales, formación, 5.000 euros al finalizar y ventajas en oposiciones y vivienda.
Condición: Existe una vía legal para organizar un programa voluntario; requiere plazas formativas, instructores, alojamiento, seguridad y itinerario civil. Puntos en todas las oposiciones y preferencia habitacional necesitan justificación proporcionada y coordinación territorial. El coste cambia con duración y servicios; el pago directo no cubre todo el presupuesto. Evaluar participación, cualificación y coste por finalización, además de número de inscritos. [34, 41]
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II.8 · p. 42
Beneficios fiscales del servicio voluntario
Tras completar el servicio, mínimo exento de IRPF de 50.000 euros durante diez años, cotización del trabajador cero tres años y matrícula gratuita en universidad y FP.
Condición: La exención fiscal, las cotizaciones y las matrículas son instrumentos distintos y afectan a administraciones y cohortes diferentes. El coste maduro crece al acumular promociones y depende de salarios y estudios posteriores. Debe conciliarse con el mínimo general de III.1 y evitar sumar el beneficio como transferencia de 15.000 euros. Requiere justificar la diferencia de trato y preservar financiación de prestaciones. [41, 45, 53]
A MediaB MediaC BajaE Media
X.1 · p. 42
Consultas sobre renegociación y permanencia europea
Convocar un referéndum sobre renegociar la relación con la Unión Europea y, si la propuesta es rechazada por las instituciones europeas, un segundo referéndum sobre salida. El itinerario se vincula a sus discrepancias sobre agricultura, inmigración, deuda y libertades.
Condición: Una consulta estatal tiene un cauce constitucional y requiere autorización parlamentaria; convocarla no modifica tratados ni obliga a otros socios a renegociar. La eventual retirada seguiría el artículo 50 y decisiones posteriores, con negociación de transición y relaciones futuras. Aquí se valora organizar el itinerario de consultas, no anticipar su resultado o las concesiones europeas. Deben definirse preguntas, interlocutor, plazo y qué respuesta constituye una negativa para activar la segunda votación. [41, 69, 76]
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X.4 · p. 42
Presión comercial y territorial sobre Marruecos
Aplicar bloqueo comercial total si Marruecos bloquea un puerto español o utiliza migración como ataque híbrido. Reivindicar el Rif si su Parlamento no rechaza pretensiones sobre territorios españoles, y denunciar internacionalmente el apoyo a estructuras de narcotráfico que el partido atribuye a Marruecos.
Condición: La política comercial común es competencia de la UE; el Gobierno español no dispone de una potestad ordinaria para imponer unilateralmente todo el bloqueo anunciado. Una reivindicación diplomática no equivale a adquirir soberanía, y una denuncia necesita hechos y jurisdicción competente. La presión podría buscar concesiones, pero también afectar comercio, suministro y cooperación fronteriza. Incluso con autorizaciones válidas, el resultado depende de respuestas ajenas y no se deduce del volumen comercial citado. [41, 70]
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X.7 · p. 43
Despliegue militar en territorios insulares y norteafricanos
Añadir cinco mil militares y mil guardias civiles en Ceuta y Melilla; desplegar NASAMS y medios antidrón en ambas ciudades y cada isla canaria. Incorporar dos buques en Las Palmas y drones en Lanzarote, con doctrina pública de respuesta ante agresión.
Condición: La dotación requiere personal, bases, mantenimiento, munición, adiestramiento y coordinación de funciones militares y policiales. Tras aprobación y financiación, plazos de adquisición y disponibilidad de tripulaciones pueden impedir completar todos los despliegues durante la legislatura. El coste anual no especifica inversión inicial ni oportunidad respecto de otras capacidades. Una doctrina pública puede aclarar compromisos, pero no demuestra eficacia ante escenarios distintos; medir disponibilidad operativa es más útil que contar equipos anunciados. [34, 129]
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X.8 · p. 43
Complementos de residencia y vivienda del personal estatal
Duplicar y eximir de IRPF el complemento de residencia de militares, guardias civiles, policías y funcionarios estatales destinados en Canarias, Ceuta y Melilla. Añadir vivienda militar o alquiler financiado para destinos en Ceuta y Melilla, con el objetivo de mejorar permanencia.
Condición: Una mejora salarial puede facilitar cobertura y retención, pero debe calcularse por cuerpo, destino y situación familiar, evitando sumar la exención como si fuera igual para todos. El componente monetario es ejecutable con norma y financiación; proporcionar vivienda depende además de oferta y gestión local. La comparación de destinos exige una base retributiva homogénea. Evaluar vacantes, rotación y coste por puesto cubierto permite comprobar si el incentivo alcanza el problema identificado. [34, 45]
A AltaB MediaC MediaE Media
X.9 · p. 43
Negociación sobre Gibraltar
Abrir negociación bilateral con el Reino Unido para situar la cosoberanía como primer paso y modificar el régimen fiscal de Gibraltar. La propuesta se formula tras el acuerdo de 2026 y pretende conectar soberanía, fiscalidad y actividad económica de la zona fronteriza.
Condición: El acuerdo europeo se aplica provisionalmente desde julio de 2026 y preserva posiciones sobre soberanía; no constituye una aceptación británica de cosoberanía. España puede proponer conversaciones, pero sus resultados requieren contraparte y atender intereses de la población y trabajadores. Fiscalidad, frontera y soberanía tienen instrumentos diferentes, algunos europeos. La viabilidad baja se refiere a obtener el resultado sustantivo durante cuatro años, no a la facultad gubernamental de presentar una iniciativa diplomática. [70, 126, 127]
A BajaB BajaC BajaE Baja
X.10 · p. 44
Sáhara Occidental y relación con Argelia
Retirar el apoyo expresado por el Gobierno español en 2022 a la posición marroquí sobre el Sáhara y volver a la referencia de Naciones Unidas. Reforzar la relación con Argelia mediante un tratado de amistad y contratos de suministro de gas a largo plazo.
Condición: Modificar una posición diplomática es distinto de resolver el conflicto saharaui o conseguir mejores condiciones gasistas. Ya existe un tratado bilateral de amistad de 2002; debe aclararse si propone reactivar, modificar o sustituir ese marco. El suministro requiere acuerdos comerciales, infraestructuras y contraparte, con riesgos de precio y concentración. El efecto sobre exportaciones y relaciones con Marruecos no puede atribuirse a una sola decisión sin analizar otros factores y respuestas diplomáticas. [41, 70, 128]
A MediaB MediaC BajaE Media
X.11 · p. 44
Cooperación con países hispanoamericanos
Promover una Comunidad Hispánica voluntaria con libre comercio, reconocimiento de títulos y cupos migratorios preferentes. Celebrar una cumbre anual en Madrid y reforzar cámaras y embajadas en países donde invierte España, vinculando cooperación política, movilidad y relaciones económicas.
Condición: Diplomacia y reconocimiento académico pueden impulsarse bilateralmente, pero libre comercio corresponde al marco de competencias de la UE y requiere socios. Los cupos deben coordinarse con derechos, demanda laboral y reglas migratorias. Una cumbre es una entrega organizativa, no prueba de integración económica. El efecto depende de países participantes, reciprocidad y acuerdos concretos; conviene separar número de encuentros de títulos efectivamente reconocidos, contratos comerciales y vías legales realmente utilizadas. [41, 63, 70]
A BajaB BajaC BajaE Media
X.12 · p. 44
Presupuesto, industria y carrera militar
Destinar el 2% del PIB a Defensa con prioridad industrial española; equiparar retribuciones militares con Guardia Civil y reconocer profesión de riesgo y retiro anticipado. Reformar derechos, negociación profesional y carrera para evitar salida forzosa a los 45 años y permitir continuidad hasta jubilación.
Condición: La OTAN ya confirmó que España alcanzó el 2% en 2025; mantener esa referencia no equivale por sí solo a aumentar gasto. La prioridad nacional debe encajar en contratación y excepciones de seguridad justificadas. La continuidad tras 45 años requiere puestos, formación y estructura de edades, no solo prolongar contratos. Salarios, retiro y derechos son reformas distintas. El presupuesto salarial está dentro del porcentaje total: debe conciliarse con despliegues, compras y compromisos existentes, sin doble cómputo. [34, 129, 130, 131]
A MediaB MediaC BajaE Media
X.14 · p. 45
Condiciones y reducción de cooperación exterior
Recortar ayuda exterior salvo emergencias humanitarias y programas con retorno para España. Condicionarla a readmitir nacionales en setenta y dos horas, respetar reivindicaciones españolas de soberanía y cooperar frente a narcotráfico y terrorismo, utilizando la ayuda como instrumento de política exterior.
Condición: La cooperación vigente tiene objetivos legales y compromisos multilaterales; no toda ayuda contabilizada equivale a una partida estatal libremente cancelable. Deben separarse niveles administrativos, obligaciones, contratos y excepciones humanitarias antes de estimar ahorro. Condicionar fondos puede influir en socios, pero también reducir servicios y cooperación sin lograr readmisiones, que requieren identificación y aceptación. El recorte casi total necesita un inventario verificable; anunciar condiciones no garantiza que países receptores las acepten. [63, 70, 133]
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19. Cultura, medios, deporte y consumo 1 propuestas
X.13 · p. 46
Registro de influencia y financiación extranjera
Crear un registro obligatorio para quienes trabajen para gobiernos, fundaciones o empresas extranjeras y convertir la falta de inscripción en delito. Prohibir financiación extranjera de partidos, fundaciones políticas, medios y organizaciones no gubernamentales que realicen actividades calificadas como políticas.
Condición: Transparentar representación de intereses puede aportar información útil, pero trabajar para una empresa extranjera no equivale a actuar por instrucciones de un gobierno. El TJUE ha rechazado restricciones injustificadas a asociaciones por origen exterior de financiación; una prohibición general exige examen estricto de proporcionalidad. Deben protegerse prensa, asociación y datos, precisando actividad política y responsabilidad penal. El registro y la prohibición son instrumentos distintos; no se deduce eficacia contra espionaje de registrar actividad lícita. [32, 41, 132]
A BajaB BajaC BajaE Media
Equipo (perfiles verificados por el informe)
- Alvise Pérez. Presidente y número uno por Madrid. Eurodiputado de SALF entre los no inscritos, miembro de Peticiones y de la delegación EuroLat.
- Luis de las Heras Vives. Secretario general y número tres por Madrid. Según la biografía oficial, abogado penalista y doctor en Derecho.
- Rocío García Romero. Vocal y número dos por Madrid. El partido presenta formación en Economía y experiencia en riesgos empresariales y emprendimiento.
- Pablo A. Bueno Pérez. Tesorero y abogado según la biografía oficial. Su responsabilidad se vincula con contabilidad y presupuesto del partido.
- Ángel Román Martín Elvira. Secretario de actas. La biografía oficial declara experiencia jurídica y empresarial.
- Adrián Yacar López. Vocal y número siete por Madrid. El perfil oficial lo presenta como policía en excedencia, graduado en Ciencias Políticas y formado en terrorismo.
- Lucía Echevarrieta Martín. Vocal y número dos por Burgos. Abogada y empresaria según el partido; fue candidata autonómica en Castilla y León.
- Juan Pablo Urruticoechea Moreno. Vocal y número cinco por Madrid. El partido destaca experiencia directiva en recursos humanos y formación en filosofía política.
Respaldo interno
- Programa publicado. El contrato presentado en noviembre acredita una posición oficial reciente. Los estatutos prevén participación de la Asamblea en documentos programáticos y elección de la Ejecutiva por afiliados; atribuyen a esta última la designación de candidaturas y al presidente amplias facultades de dirección y remodelación. La norma describe cómo debe decidirse: no sustituye el acta de una decisión efectivamente celebrada. [2, 91] Límite: Posición formal del partido en esa fecha.
- Votación de liderazgo. RTVE informó en octubre de 2025 de la proclamación de Alvise como presidente con casi el 99 % de votos. En octubre de 2026 él atribuyó a la Ejecutiva su candidatura a las generales. Son respaldos de liderazgo y estrategia electoral. No se han localizado actas o consultas que cuantifiquen aceptación de cada una de las 119 medidas; tampoco una participación verificable que permita extrapolar aquel porcentaje a toda la afiliación. [89, 93] Límite: Respaldo al dirigente dentro del universo y pregunta comunicados.
- Estatutos y disciplina. La obligación de los candidatos de asumir el programa y las reglas disciplinarias sobre discrepancia pública grave favorecen la uniformidad de posición oficial. No demuestran unanimidad de convicciones. El dato correcto en las fichas es respaldo programático formal y apoyo interno individual no medido; la ausencia de información tampoco prueba oposición. [91, 92] Límite: Reglas de decisión y conducta; no actas de apoyo a cada medida.
- Disenso organizativo. La ruptura con Solier y Junco constituye un disenso organizativo verificable. En junio de 2026 ambos describieron colaboración propia con PP y Vox como independientes. No se puede trasladar esa cooperación a SALF, ni presentar sus diferencias con Alvise como voto contrario a un programa publicado después. Para la ejecución pesan la continuidad del equipo y la ausencia de experiencia acreditada de SALF en un gobierno estatal. [89, 96, 97, 98] Límite: Hecho fechado y atribuido; no voto contrario a todas las propuestas.
- Comparación con mensajes anteriores (SOCIMI y penalización salarial). La comparación debe seguir el documento de noviembre. Su medida sobre SOCIMI se refiere al tipo del 25 % para sociedades con más de cien viviendas y a la contratación estatal con fondos; no equivale a la prohibición general de compra residencial que difundían mensajes anteriores. Del mismo modo, la penalización salarial anunciada mide correspondencia de votos: no acredita por sí sola que una ley se apruebe, se financie o produzca el efecto prometido. [1, 2] Límite: La comparación debe seguir el documento de noviembre.